epresentantes de más de 195 países participan del 1 al 12 de diciembre en
Lima (Perú) una
conferencia de la ONU decisiva para encauzar la negociación del nuevo
tratado internacional contra el
cambio climático.
El objetivo último es alcanzar un nuevo pacto contra el calentamiento,
que se firmaría el año próximo en París. Éste sustituiría al
protocolo de Kioto,
en el que sólo están involucradas una treintena de naciones
industrializadas (y cuya vigencia expira en el 2020). La clave es
implicar a
EE.UU.,
China y las
naciones emergentes pues el protocolo actual sólo cubre a naciones que aportan el 14% de las emisiones de CO2 (básicamente la
UE).
La vigésima Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) que tiene lugar en Lima
nace condicionada, pero a la vez catapultada, por el reciente acuerdo
entre EE.UU. y China, con el que se ha vuelto a situar este asunto entre
las grandes preocupaciones internacionales.
La negociación
debe concretar un poco más los esfuerzos nacionales para reducir las
emisiones de gases invernadero y hacerlos compatibles con el objeto ya
alcanzado para que la temperatura media del planeta no aumente dos
grados respecto a las de la época preindustrial: si se supera ese
listón, se agravaría de forma catastrófica los estragos del
calentamiento (olas de calor, deshielos en glaciares, subidas del nivel
del mar, inundaciones en zonas costeras), según el quinto informe de
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio
Climático de la ONU (IPCC, en sus siglas en inglés).
En el
actual tablero de las negociaciones va tomando cuerpo la idea que, en el
futuro acuerdo, las contribuciones de cada país a la lucha contra el
calentamiento serán asimétricas. Cada nación esbozará o comunicará sus
promesas: sobre reducciones de gas u otro tipo de contribuciones,
diseñadas en función de sus capacidades e intereses. “Debe ser un
tratado flexible para que todos los países se sientan cómodos”, como en
un traje a medida, dice Susana Magro, directora de la oficina Española
de Cambio Climático. Sin embargo, los expertos independientes desearían
que se asignen las cargas y esfuerzos de forma equitativa y proporcional
en cada país en función de su responsabilidad particular en el
calentamiento.
Promesas clave
EE.UU. ha anunciado que su meta es reducir sus emisiones entre un 26% y
un 28% para el año 2025 con relación al 2005. China, por su parte,
promete que las emisiones de gases alcanzarán su pico hacia el año 2030,
de manera que descenderían a partir de ese momento, lo que alargará su
período centrado en el desarrollo con energías fósiles. No obstante,
completa su promesa con el anuncio de que para esa fecha el 20% de la
energía no estará basada en combustibles fósiles. La UE ha prometido una
reducción de emisiones el 40% para el 2030 respecto a 1990, mientras
que el anterior objetivo de Kioto para el 2020 ya lo ha cumplido
prácticamente: ¡siete años antes que acabe el plazo!, lo que alimenta la
crítica de quienes creen que la UE podría hacer mucho más.
La brecha pendiente de saldar
Limitar el aumento de temperaturas a un máximo de dos grados (para
sortear los peores impactos del calentamiento), exige que el hombre no
emita al planeta más de 1.000 gigatoneladas de CO2 adicionales (mientras
que ya ha arrojado 1.900 gigatoneladas desde la era preindustrial),
explica José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de
Castilla-La Mancha y vicepresidente del grupo de trabajo II del IPCC.
“Hay poco tiempo para tomar decisiones, y cuanto más se tarde en
adoptarlas, los esfuerzos exigibles serán mayores para recuperar el
tiempo”, señala este experto.
Moreno, para mantener su
neutralidad política como miembro del IPCC, no valora el acuerdo entre
EE.UU. y China, pues “lo importante es el montante global de las
reducciones de gases y los tiempos en que habrán de realizarse”. No
obstante, precisa que ésta es la primera vez que “ambas potencias
manifiestan una voluntad de negociación para disminuir sus emisiones”.
“Unas reducciones menores por unos países pueden ser compensadas por
reducciones mayores por otros países en el marco de la negociación. La
efectividad de este acuerdo depende del conjunto de países, pues a la
atmósfera no le importa quien emite el CO2 sino cuánto se emite”,
concluye. La brecha entre las metas y las promesas es aún enorme. Por
eso, para tener probabilidades de que no se den estos dos grados de
aumento, las emisiones mundiales deben reducirse entre un 40 y un 70%
para el 2050, lo que significa contener las concentraciones de gases en
la atmósfera entre 430 y 480 partes por millón(ppm), según el IPCC. Otro
reto será que hacia el fin de siglo haya emisiones netas cero, para que
las que produzcan sean compensadas por sistemas (sumideros, bosques...)
que permitan capturarlas y neutralizarlas.
Perfilar los contenidos
La cumbre del clima debe perfilar los contenidos fundamentales del
futuro acuerdo sobre el cambio climático. Deberá ir anotando las
reducciones de gases que proponen los diferentes países, establecer un
sistema de contabilidad común de esas contribuciones o acordar sistemas
para controlar la información que proporcionan los países. Uno de los
asuntos clave será aclarar su naturaleza jurídica, si será un tratado
internacional con compromisos jurídicamente vinculantes, como quiere
Europa, o tendrá un rango jurídico menor.
Una de las barreras
que han frenado el acuerdo ha sido la resistencia de China o EE.UU a que
la secretaria del Convenio de Cambio Climático de la ONU fiscalice o
audite sus promesas al juzgarlo una injerencia en asuntos internos. Sí
que está claro que mientras algunos países se comprometerán con
reducciones de gases en términos absolutos y fechas concretas, otras
naciones harán meras contribuciones, “que pueden ser de distinto tipo”,
dice Susana Magro, directora de la Oficina de Cambio Climático.
Aida Vila, experta en materia de cambio climático de Greenpeace
Internacional, pide que el acuerdo establezca calendarios homologables
(que se remitan al 2025); que las promesas sean comprobables en plazos
más cortos y que éstas, además, sean coherentes con otros anuncios
previos (pues EE.UU. y sobre todo China han ido cambiando drásticamente
sus propuestas). Además, para cumplir con el objetivo de evitar un
aumento de dos grados de temperaturas, Greenpeace exige que hacia el
2050 se reduzcan a cero las emisiones de gases invernadero, para dar
paso a n sistema energética basado 100% en energías renovables. También
pide que antes de que se firme el acuerdo de París se evalúen y se
verifiquen los compromisos que plantean los países. Otro asunto clave
será ir dotando El Fonfo Verde para facilitar la adaptación al cambio
climatico a los países menos adelantados, pues lo revolectado hasts
ahors -9.600 millones de dólares- es inferior a lo necesario.
Una transición hacia París
“La cumbre de Lima es una cumbre de transición en el camino hacia París
2015. Ahora bien, debería servir para dar un buen empujón, para que el
proceso tome fuerza y velocidad que asegurara poder llegar con garantías
en París. Se trataría de que salga una propuesta clara de lo que debe
ser la estructura del futuro acuerdo”, señala Salvador Samitier,
director de la Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat. Con lo que
salga de Lima, las Naciones Unidas podrán presentar ya lo que sería la
propuesta de acuerdo y concretar el estatus jurídico. Además, desde Lima
hasta que Naciones Unidas presente ese documento (hacia la primavera
del 2015), los estados deberán hacer públicos sus objetivos y propuestas
de reducción, por lo que deberá haber también una evaluación de si con
el que los diferentes estados proponen alcanza o no el escenario de los
450 ppm.
España y Kioto El Gobierno
español ha elaborado, mientras tanto, una hoja de ruta para cumplir con
el compromiso de Kioto para el 2020. En la primera fase de cumplimiento
(hasta el 2012, España no logró cumplir las metas exigidas, pues
registró un aumento de emisiones de más que el 15% respecto a 1990, por
lo que debió comprar derechos de emisión que ha supuesto uncciste total
de unos 810 millones de euros.
Para el segundo período de
cumplimiento (2020), España debe reducir un 10% sus emisiones del sector
difuso (residencial, transporte, agricultura y ganadería, residuos,
industria...) respecto al 2005. La evolución de las emisiones en estos
ámbitos apunta un fuerte incremento. “Tenemos una brecha de 55 millones
de toneladas de CO2 para el 2020, que debe saldar con 43 medidas ya
aprobadas”, añade Susana Magro.
Salvador Samitier, director de
la Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat, sostiene que estas
medidas no han sido consensuadas debidamente con las comunidades
autónomas, y agrega que deberían ser transferidos recursos del estado a
las comunidades, puesto que la mayor parte de las competencias en esta
materia (sector residencial, transportes, gestión de residuos…)
corresponden a la administración autonómica. “Se deberían establecer
mecanismos par que las comunidades participen. La hoja de ruta del
Gobierno no tienen elementos prácticos, es como una mera recopilación de
ámbitos en los que se puede actuar”, agrega.
Recursos de las subastas perdidos
Las comunidades autónomas confiaban en tener recursos procedentes de
los ingresos que obtiene el Estado mediante las subastas de los derechos
de emisión (sistema con el que funcionan la grandes industrias
generadores de energía: térmicas, cementeras, siderurgia…), pero el 90%
de estos ingresos (que fueron de 350 millones en el 2013) fueron a parar
(como dice la ley) a fomentar las renovables en el Ministerio de
Industria.
En la práctica, esto no se ha traducido en ningún
proyecto conocido, sino que ha servido para enjugar el denominado
déficit tarifario (cuestionado pero reconocido por el Gobierno a las
compañías eléctricas), “con la excusa de que a este déficit han
contribuido la renovables, cuando en todo caso no serían las únicas
responsables”, explica Jorge Morales, director de la empreda
GeoAtlánter. Para muchos expertos, que el dinero de las subastas (que
asignan los derechos de emisión) haya ido a las compañías eléctricas es
una gran contradicción. Estos recursos venían a penalizar a unas
empresas y un sistema energético que calentaban la atmósfera y podían
hacerlo hasta ahora gratis; por eso que los ingresos que obtiene el
Estado en España vuelvan a las compañías eléctricas responsables del
calentamiento es algo difícil de justificar y contradictorio, dicen
estos expertos.
